La derogación de la Ley de Alquileres y la implementación del DNU 70/2023 han deteriorado significativamente las condiciones de alquiler en Argentina, especialmente en Rosario. Un informe de la Concejalía Popular revela que, bajo las nuevas regulaciones, los inquilinos enfrentan contratos más costosos y condiciones desfavorables, lo que ha llevado a un incremento de la morosidad y a una caída en la demanda. Ariel D’Orazio, referente de la entidad, señaló que ya se observan rescisiones de contratos debido a la morosidad creciente.
El análisis destaca que con el nuevo DNU, el 29% de los contratos se actualizan trimestralmente, lo que incrementa la carga económica sobre los inquilinos. En términos de ajustes, los contratos con actualización trimestral han registrado aumentos del 51,62% en el segundo trimestre. A su vez, la morosidad alcanzó un 6,33%, un nivel superior al de años anteriores. Muchos inquilinos buscan rescindir sus contratos para evitar deudas, lo que ha llevado a un aumento en la convivencia forzada y el retorno a hogares familiares.
Mientras tanto, la oferta de locales comerciales en alquiler también ha crecido, con un aumento del 58% en septiembre. Este incremento, reflejo de la caída del consumo, muestra un panorama complejo para los comerciantes. Aunque el precio promedio de los alquileres se mantiene en torno a los 370 mil pesos, la variación interanual del 76% sigue por debajo de la inflación, indicando que el mercado enfrenta serias dificultades debido a la pérdida del poder adquisitivo y la falta de compensaciones adecuadas en los ingresos de las familias.
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