EL DURISIMO MENSAJE DE LA CÁMARA FEDERAL CONTRA EL GOBIERNO POR LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Después de la agitada audiencia del martes, la Sala II de la Cámara Federal confirmó la medida cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello que ordenó al Ministerio de Capital Humano entregar un plan de reparto de los 5,9 millones de kilos de alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán) con detalles sobre su implementación y sus destinatarios. La cartera de Sandra Pettovello había decidido no cumplir la resolución y apelar con el argumento de que el Poder Judicial no se puede meter con las políticas sociales. A última hora, el juez Casanello firmó una intimación en la que le advierte a la cartera que tiene 24 horas para acatar y admitió al CELS como Amicus Curiae.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico coincidieron --aunque escribieron votos distintos-- en que la distribución debe hacerse rápido ya que existe una situación de emergencia alimentaria y derechos humanos en juego y abarcar a todos los productos, no sólo a la leche en polvo que se está por vencer, como había dispuesto Casanello. La resolución respalda la iniciativa del magistrado con el fin de "hacer cesar la comisión de un delito o sus efectos". Queda claro, según el documento, que la investigación tendrá que determinar si Pettovello y/u otros funcionarios incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes del cargo y/o administración fraudulenta, al haber suspendido el abastecimiento a comedores y merenderos comunitarios a pesar de tener la comida guardada.