La mesa de organismos de derechos humanos expresó su solidaridad con la periodista Luciana Bertoia, quien recibió un mensaje intimidatorio de genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Los organismos demandaron al gobierno una explicación sobre por qué los represores tienen acceso a redes sociales, donde desde julio operan bajo la cuenta "Muertos Vivos". En una carta dirigida a Bertoia, los represores intentaron presentarse como “invitantes” a un debate dentro de la guarnición militar, lo que los organismos consideran una amenaza abierta.
Desde la mesa de DDHH se enfatizó que esta situación es especialmente grave, dado el contexto de violencia verbal que precede a la violencia física, como advirtió el Papa Francisco. También hicieron responsables al Presidente y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante cualquier acto de violencia que pudiera surgir. La declaración enfatiza que los condenados por delitos de lesa humanidad no deberían tener acceso a las redes y exige a los organismos estatales que clarifiquen cómo están operando desde allí.
Además, diversas organizaciones, incluidas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Provincial por la Memoria y H.I.J.O.S. La Plata, se manifestaron en apoyo a Bertoia y en repudio a las amenazas, señalando la falta de respuesta del gobierno ante estos incidentes. La Federación Internacional de Periodistas también se pronunció contra los actos intimidatorios, manteniéndose alerta ante el creciente riesgo para los trabajadores de prensa en el país.
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